En junio de 1940 los nazis pisoteaban el orgullo de Francia al desfilar delante del Arco del Triunfo. Caía París en manos del Tercer Reich y el país ocupado quedaba reducido a la condición de esclavo, por dos razones. Porque había perdido el primero de los derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida. Y porque había quedado dominado por un Estado totalitario, que autorizaba a sus verdugos (los agentes de la SS) a quitar la vida.
Casi 80 años después, en julio de 2019, Hitler ha vuelto a invadir Francia. El país ha quedado de nuevo reducido a la condición de esclavo. Y exactamente por las mismas razones: ha perdido el derecho a la vida y ha quedado dominado por un Estado totalitario que da el visto bueno a sus verdugos (con bata blanca en lugar de botas de media caña) para quitar la vida.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraEn este caso, han sido los jueces quienes han remedado a los nazis: el tribunal de casación, máxima instancia judicial de Francia, ha ordenado que se le retire el soporte vital a Vincent Lambert, de 42 años, que llevaban 11 en estado de mínima conciencia tras quedar tetrapléjico por un accidente de moto. Y lo han desconectado para que muera de hambre y sed.
Que unos jueces condenen a muerte a un inocente, que no puede valerse por sí mismo, sienta un inquietante precedente en una Europa, en la que cinco países ya han despenalizado la eutanasia o el suicidio asistido (Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suecia y Finlandia). Sobre todo, porque Vincent Lambert no estaba en coma o muerte cerebral, no padecía un sufrimiento insoportable -como se alega en las leyes despenalizadoras-, y tampoco se puede decir que fuera objeto de ensañamiento terapéutico, porque no estaba sometido a ningún tratamiento.
Hay vidas que son una carga en la era de la eficacia y el utilitarismo y, en consecuencia, no merecen ser vividas
Ni siquiera estaba en estado terminal. Es decir, que podría tener cuerda para rato. Amenazaba con convertirse en un estorbo, del que era preciso deshacerse. Este es el mensaje implícito que se desprende de la decisión judicial. Hay vidas que son una carga en la era de la eficacia y el utilitarismo y, en consecuencia, no merecen ser vividas. Y ¿quién decide quien encaja y quién no? el Estado: los jueces, el Parlamento, el Gobierno.
Un Estado que pasa por encima de la familia (los padres de Vincent estaban dispuestos a cuidarlo, y han dicho claramente que se trataba de un “asesinato disfrazado”), demostrando quien manda, quien tiene autoridad para decidir sobre vidas y haciendas, como un sátrapa de la Antigüedad.
Si el juez no defiende al débil y da la razón al más fuerte, poco se diferencia la Francia de 2019 de la Francia ocupada por los nazis de 1940. Si el poder arbitrario del Estado decide que hay vidas de segunda y que deben ser eliminadas, poco se diferencian Holanda y los demás abanderados de la eutanasia, de la Alemania que exterminaba deficientes.
Sólo en Francia hay otras 2.000 personas con una situación similar a la Vincent Lambert. Abierta la veda, tras el fallo del tribunal, sus vidas corren peligro. Como la de cientos de miles de personas en toda Europa sobre los que se ciernen las legislaciones de “muerte digna”, incluido el proyecto del PSOE en España.
Están en peligro deficientes psíquicos, pacientes con enfermedades crónicas graves o incurables, personas en coma, o simplemente ancianos que viven solos, como se ha llegado plantear en Holanda, con una propuesta presentada en el Parlamento para “ayudar a morir” a mayores que consideren que ya han vivido lo suficiente, aunque no estén enfermas ni padezcan sufrimientos físicos insoportables. Una comisión de control de la eutanasia ha llegado a recomendarla por simples achaques propios de la vejez. “Problemas de visión, auditivos, osteoporosis, artritis, problemas de equilibrio, declive cognitivo” -señala la comisión-.
Los nazis implementaron la eutanasia en 1939, pero lo hicieron en secreto y por la puerta de atrás, como una práctica vergonzante
Los nazis implementaron la eutanasia en 1939, pero lo hicieron en secreto y por la puerta de atrás, como una práctica vergonzante. Fue el proyecto T4 (por Tiergartenstrasse 4, la calle berlinesa que controlaba seis instalaciones de gaseamiento de discapacitados mentales y físicos), que exterminó alrededor de 70.000 personas en Alemania y Austria. Hitler tuvo que firmar una autorización secreta para proteger a los médicos, personal sanitario y administradores que la practicaban, a fin de evitar que fueran procesados.
Tanta muerte imprevista de miles de personas hospitalizadas despertó sospechas, comenzaron las protestas -singularmente del obispo católico Von Galen, que denunció la eutanasia en un sermón- y el Gobierno nazi tuvo que parar el programa en agosto de 1941.
Ahora, es al revés: son los gobiernos los que legitiman abiertamente el exterminio de inocentes. Y esto lo más grave. Porque de lo que se trata es de transformar en legal el asesinato de enfermos, débiles, discapacitados. Legitimación: esa es la palabra. Convertir en blanco lo que era negro, transformar el crimen en un derecho, por el arte de birlibiroque de una ley o de un fallo judicial. Y quitar al verdugo el capuchón para ponerle un fonendoscopio.
