Cecile Richards, directora ejecutiva de Planned Parenthood y Donald Trump, presidente de EEUU/Actuall.

La multinacional del aborto Planned Parenthood, que además de enriquecerse con esta práctica ha desarrollado un negocio paralelo de venta de órganos de bebés abortados, tal y como desveló David Daleiden, quiere obligar a todos a financiar su negocio.

La encargada de promover el aborto entre todos los profesionales sanitarios está siendo Cecile Richards, que antes de abandonar la dirección ejecutiva de Planned Parenthood, ha aprovechado para instar a todos los médicos provida a que realicen abortos.

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Richards, en un correo electrónico de recaudación de fondos dirigido a los miembros proaborto de Planned Parenthood, ha dicho que los cristianos deben ser obligados a realizar abortos, según ha informado LifeNews.

Asimismo, ha criticado agresivamente las nuevas medidas de objeción de conciencia que el presidente estadounidense Donald Trump ha implementado para proteger los derechos de los médicos que no quieren ser forzados a realizar o ayudar en este tipo de prácticas.

Una nueva oficina protege la Libertad de Conciencia

El pasado mes de enero Trump lanzó una nueva división dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para proteger a las enfermeras y los médicos que no desean realizar abortos.

Richards ha asegurado que proteger a los médicos y enfermeras provida de ser forzados a realizar abortos es «vergonzoso»

El objetivo es defender a cualquier persona que tenga una «objeción moral» a la hora de participar en un aborto. Sin embargo, Richards ha asegurado que proteger a los médicos y enfermeras provida de ser forzados a realizar abortos es «vergonzoso».

En la petición enviada a los activistas proaborto, Planned Parenthood señala lo siguiente:

«El presidente Trump se sigue superando a sí mismo cuando se trata de impulsar una política de atención médica que no hará más que perjudicar a los pacientes. Su último ataque es verdaderamente vergonzoso: una regla lanzada por el Departamento de Salud busca alentar a los trabajadores sanitarios a discriminar a los pacientes al negarse a atenderlos debido a objeciones religiosas, morales o personales. Los profesionales médicos pueden negarse a tratar […] a una persona que quiere abortar».

Asimismo, en el texto se califica la objeción de conciencia como «uno de los ataques de Trump a la atención de salud reproductiva» y añade que «son los pacientes quienes más sufren».

Además, Planned Parenthood afirma: «Siempre nos mantendremos firmes en nuestra misión de facilitar a las personas que obtengan los servicios que necesitan para vivir vidas plenas e independientes. Estas políticas discriminatorias van directamente en contra de nuestra misión, y no las defenderemos».

La declaración de intenciones promovida por Richards deja claro que la misión más importante de Planned Parenthood es el aborto y que no se tolerará nada que impida su acceso.

Del ‘Obamacare’ al ‘Trumpcare’

El sistema sanitario diseñado por Barack Obama, conocido como ‘Obamacare’, obligaba a los hospitales y centros de asistencia a ofrecer cobertura de aborto y contracepción a los empleados. Con la llegada de Donald Trump al poder, dicha disposición fue anulada.

El Gobierno federal apostó por «poner fin a los más de cinco años de litigio» sobre el mandato que obliga a muchas organizaciones a favorecer el aborto y la anticoncepción contra sus principios.

Los defensores del derecho a la objeción de conciencia frente a la imposición del aborto y la contracepción obligatorias ya han ganado algunas batallas en el Tribunal Supremo. Así sucedió con el caso de las Hermanitas de los Pobres, congregación católica de religiosas que ha promovido el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia frente a las cláusulas proabortistas del ‘Obamacare’, considerada la principal reforma de la Administración Obama a nivel interno.

Desde que comenzaron a salir las primeras sentencias al respecto, en 2012, el Supremo ha evitado pronunciarse sobre los recursos contra el ‘Obamacare’. Ahora, se habían acumulado hasta siete casos de sentencias que obligaban a realizar abortos a entidades sin ánimo de lucro contrarias a las medidas anticonceptivas y al aborto.

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