Más de 48.000 ciudadanos han apoyado ya la petición del doctor experto en cuidados paliativos Ángel José Sastre dirigida al Tribunal Constitucional pidiéndole que suspenda cauterlarmente la ley de eutanasia y declare su inconstitucionalidad.
El doctor Sastre ha difundido su petición a través de la plataforma Derecho a Vivir. “Con esta iniciativa he querido invitar a los ciudadanos a que se sumen a la petición que anteriormente han realizado al Tribunal Constitucional médicos y expertos en bioética. Todos pedimos al Tribunal Constitucional la suspensión inmediata de la ley de eutanasia por medio de un manifiesto, y también apoyados por la campaña de ‘Derecho a Vivir’ que ya hemos firmado miles de facultativos y más de 48.000 ciudadanos”, explica el doctor Sastre.
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Suscríbete ahora“Soy el primer firmante de esta petición ciudadana. Y me uno a los profesionales que, hemos recopilado, desde una perspectiva científica, las aberrantes irregularidades que supondrá esta ley” señala el médico paliativista, que añade la ley “ha sido aprobada mediante un procedimiento parlamentario no adecuado, (como proposición de ley) para regularizar la eutanasia por la vía rápida y eludir el profundo debate que requiere este dilema moral”.
El doctor denuncia además que la norma «crea una situación de inseguridad jurídica sin precedentes para las personas más frágiles: los 80.000 españoles demandantes de cuidados paliativos que mueren cada año sin poder recibirlos. Supone una quiebra absoluta del pacto social entre ciudadanos y Estado”.
Por otra parte, el doctor Sastre considera que la ley de eutanasia “viola frontalmente el derecho a la vida recogido en el artículo 15 de la Constitución Española”.
“La ley de eutanasia recientemente aprobada impondrá a los médicos el deber de obedecer los deseos suicidas de los pacientes terminales contradiciendo taxativamente el juramento hipocrático y el código ético deontológico de los profesionales sanitarios”, señala el doctor Sastre.
Y concluye, “el Tribunal Constitucional tiene el deber de fallar contra la ley de eutanasia si ataca a los derechos fundamentales. Esa es su función y es una premisa que otras instituciones públicas de nuestro entorno asumen y ejercen con naturalidad, como hizo el Tribunal Constitucional de Portugal que, en efecto, declaró inconstitucional la ley de eutanasia aprobada por el parlamento”.
