¿Cómo es que Alemania permitió el Holocausto (y España la eutanasia)?

Nos escandalizamos de que el culto pueblo alemán, que ha dado al mundo la Crítica de la razón pura, la Novena Sinfonía y el descubrimiento del bacilo de la tuberculosis, se dedicara a exterminar judíos y a justificar la barbarie mediante leyes en el Parlamento. Y nos rasgamos las vestiduras de que algunos nieguen, ahora, el Holocausto -y con razón-.

Y no nos cabe en la cabeza que juristas, profesores universitarios, científicos o escritores no alzaran la voz ni se rebelaran. Incluso que silbaran mirando para otro lado. ¿Estaban en la inopia los 80 millones de alemanes? ¿Eran capaces de dormir tranquilamente, mientras trenes cargados de judíos viajaban en la noche camino de Auschwitz?

Eso sí, llega un Gobierno de otro país no menos culto (ellos un Goethe, nosotros un Cervantes) y legitima el derecho a matar bebés en el vientre materno o a mandar al otro barrio a ancianos o enfermos terminales -o no tan terminales, gente que dice que no puede soportar algo tan subjetivo como el sufrimiento psíquico- y nos quedamos tan tranquilos. Nos parece cívico y compasivo, ético y democrático, y hasta europeo. Y aquí nadie se plantea nada. 

O casi nadie. Algunas voces han tenido el coraje y la sensatez de denunciar la barbarie.

Ante la ley de eutanasia exprés, que será aprobada esta semana en el Congreso, han reaccionado el PP y Vox

Ante la ley de eutanasia exprés, urdida por Sánchez e Iglesias, sus socios separatistas-filoterroristas y Ciudadanos, que será aprobada esta semana en el Congreso, han reaccionado el PP y Vox. Este último con especial contundencia, al decir que el Gobierno quiere convertir la eutanasia en “una prestación sanitaria, lo que no es otra cosa que matar a una persona”. 

Ha propuesto Vox una ley de vida como alternativa a la ley de muerte de Sánchez: una norma de cuidados paliativos, inexistente hoy en día en España, que subsane la grave carencia: unos 75.000 pacientes fallecen cada año con un sufrimiento evitable, para ellos y sus familiares, porque no todos los ciudadanos tienen garantizada esta prestación. Una ley que mitigue el dolor y el sufrimiento, y procure el mayor bienestar para el paciente y su familia. 

Los paliativos no acortan ni prolongan la vida, pero adecúan los tratamientos al caso y circunstancias de cada paciente y reconocen la muerte como lo que es: un proceso natural de la vida. Lo incoherente y profundamente injusto es que el Gobierno prive de ese servicio a los enfermos y en lugar de eso opte por la “solución final” (por seguir con las analogías con la patria de Wagner).

No menos críticos y condundentes han sido la Plataforma de los 7.000, con un lema elocuente: “Eliminar al sufrimiento, pero no al que sufre”; la Conferencia Episcopal; y, por supuesto, HazteOir.org. 

El Comité de Bioética, en fin, ha elaborado un documento con sólidos argumentos científicos, jurídicos y deontológicos, de lectura imprescindible para aprovisionarse de razones frente a la amenaza de la eutanasia. 

Vale la pena destacar dos de esos argumentos, que dejan en evidencia el carácter liberticida y despótico de la ley Sánchez. 

El primero es un poco como el abecé del Estado de derecho: que la vida no es un mero derecho sino un valor o principio que precede a la propia Constitución, cuyo reconocimiento no depende de esta. La vida es presupuesto para el ejercicio de los demás derechos, y por esa razón, aparece en primer lugar en el catálogo de los derechos y libertades que se consagran en la Carta Magna. 

¿Elemental, verdad? Pero ya advirtió Chesterton que llegará el día que será preciso desenvainar la espada para afirmar que el pasto es verde. 

El segundo argumento sirve para desenmascarar la idea de que el Estado no impone nada a nadie y que es el individuo el que, libre y voluntariamente, decide sobre su vida. Lo único que hace el Estado es regular ese final, para ofrecer ciertas garantías. El que no quiera que no pida la eutanasia. El que no quiera que no aborte a su hijo. Es lo de siempre. 

Alega el Gobierno que se trata de impedir que la concepción moral acerca del final de la vida que sostienen algunos se imponga a todos. Pero tal cosa es una falsedad. 

Porque -explica el Comité de Bioética- “tanto si se opta por impedir como por obligar a que el Estado dé muerte a las personas cuando lo solicitan, se está imponiendo al conjunto de los ciudadanos una determinada concepción moral acerca de la muerte”. 

En el primer caso, se considera que “la vida es el bien primero”; por lo tanto, “no puede quedar desprotegida cuando pierde determinadas capacidades”. De suerte que la muerte, aunque inevitable, ni “debe anticiparse por voluntad propia ni debe degenerar en una tortura para nadie”. 

En el segundo caso, la opción eutanásica, la vida tiene “el valor que la persona, en el ejercicio de su autonomía, le otorga en cada momento”. Y cuando deja de ser satisfactoria y se convierte en una pesada carga, se puede disponer legítimamente de ella. En este caso, la muerte deja de ser un acontecimiento para convertirse en una decisión de la voluntad autónoma del individuo. 

Nos encontramos ante dos concepciones contradictorias entre sí, señala el documento. O se acepta la muerte tal como venga y cuando venga; o se elige el momento. Y el Estado no es neutral, ya que o protege la vida como bien primario o protege el ejercicio de la autonomía del individuo que decide cuándo terminar con ella.

Quitarse la vida no es, por lo tanto, una decisión que adopta el sujeto y ante lo que el Estado se lava las manos, sino que es éste, en realidad, quien “la lleva a cabo, actuando tanto en el plano normativo como en el administrativo”. 

El Estado adquiere un poder omnímodo, para decidir sobre el comienzo de la vida -con las leyes abortistas- y sobre el final -con la eutanasia

• Es el Estado quien -a través de leyes del Parlamento- legitima la muerte, conviritiendo la eutanasia en un derecho; 
• Es el Estado quien la implementa a través de la administración sanitaria; 
• Es el Estado quien evalúa elementos tan subjetivos como la libertad de quien pide acabar con su vida…
• O el que se mete en un terreno tan resbaladizo como decidir cuánto de insoportable es el sufrimiento del que lo padece. ¿Quién le ha dado vela en ese entierro -nunca mejor dicho-? 

El Estado adquiere así un poder omnímodo para decidir sobre el comienzo de la vida -con las leyes abortistas- y sobre el final -con la eutanasia-. Si hay algo íntimo y personal en el ser humano son estas cuestiones. Y ahí tenemos al tirano metiéndose donde nadie le llama.

Tampoco nosotros lo veremos, pero lo propio, lo justo, sería -por seguir la analogía con la culta Alemania y la barbarie del Holocausto- que en el futuro la rectificación de la eutanasia lleve aparejada una suerte de juicio de Nürenberg donde se siente en el banquillo a quienes planearon esta forma de exterminio y urdieron leyes que convertían al Estado en ejecutor y a los médicos en verdugos. O nos creemos el Estado de derecho o no nos lo creemos. A menos que no nos escandalice que un pueblo culto y civilizado, que ha aportado a la Humanidad a a Kant; Beethoven o Bertolt Brecht haya permitido lo que permitió hace ahora ochenta años. ¿O qué?

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