La Corte Suprema de Estados Unidos, en una decisión de 6 a 3, restableció este 12 de enero que las mujeres que quieran acceder a una píldora abortiva tendrán que hacerlo en persona ante un médico y no por correo, como había permitido un juez federal por la pandemia.
De esta manera, la Corte Suprema dejó sin efecto la orden judicial del juez Theodore D. Chuang del Distrito de Maryland, que había bloqueado las reglas de la FDA (Food and Drugs Administration) sobre el acceso personal a la píldora abortiva.
«La pregunta que tenemos ante nosotros no es si los requisitos para dispensar mifepristona imponen una carga indebida sobre el derecho de la mujer al aborto como un asunto general», escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts el 12 de enero. «La pregunta es, en cambio, si el Tribunal de Distrito ordenó correctamente a la Administración de Alimentos y Medicamentos levantar esos requisitos establecidos debido a la propia evaluación del tribunal sobre el impacto de la pandemia de COVID-19».
«Aquí, como en contextos relacionados con las respuestas del gobierno a la pandemia, mi opinión es que los tribunales deben una deferencia significativa a las entidades políticamente responsables con los ‘antecedentes, competencia y experiencia para evaluar la salud pública'», dijo Roberts, citando sus argumentos anteriores que respaldan regulaciones impuestas por el Estado a las iglesias durante la pandemia.
Miembros del Congreso pidieron a la FDA que clasificara el régimen de píldoras abortivas como un peligro para la salud pública y lo retirara del mercado
“A la luz de esas consideraciones, no veo una base suficiente aquí para que el Tribunal de Distrito obligue a la FDA a modificar el régimen para el aborto con medicamentos”, continuó Roberts.
El requisito normal de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), vigente desde el año 2000, es que la píldora abortiva se dispense y administre en persona. El reglamento es parte del protocolo REMS, reservado para medicamentos y procedimientos de mayor riesgo.
Presiones abortistas
El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y otros grupos pro-aborto presionaron para que se levantaran las restricciones durante la pandemia de COVID-19, para que las mujeres no tuvieran que ir personalmente para obtener la píldora abortiva. En julio un tribunal de distrito federal emitió una orden a su favor.
El juez Theodore D. Chuang del Distrito de Maryland dictaminó que a las mujeres se les podía recetar la píldora de forma remota y que se la entregaran o se la enviaran por correo.
En respuesta, los miembros del Congreso pidieron a la FDA que clasificara el régimen de píldoras abortivas como un peligro para la salud pública y lo retirara del mercado.
Los abogados del Departamento de Justicia apelaron el caso ante la Corte Suprema, que en octubre no revocó la decisión de Chuang ni se pronunció sobre el fondo del caso; el tribunal devolvió el caso para que se reconsiderara en varias semanas, y la Administración tuvo la oportunidad de presentar nuevas pruebas para su caso.
Chuang no cambió su decisión en un fallo del 9 de diciembre. Dijo que las circunstancias de la pandemia no han cambiado y que las mujeres aún tendrían dificultades para viajar hasta donde un médico en persona para obtener una receta para el régimen de píldoras.
Escribió que “particularmente a la luz de la propagación sustancial de COVID-19 en las últimas semanas que aumenta el riesgo de todos los viajes, la Corte no encuentra que ningún cambio en las condiciones económicas o el acceso a instalaciones médicas, cuidado de niños o transporte desde la emisión del (bloqueo anterior de la regla) han sido tan favorables que constituyen un cambio de circunstancias” para justificar el levantamiento del bloqueo.
La Administración apeló de nuevo a la Corte Suprema. Indicó que presentó nuevas pruebas a Chuang de que las restricciones no son una «carga indebida» ilegal sobre el aborto, porque los abortos aumentaron en 2020 en los estados donde se mantuvieron las regulaciones.
El juez presidente Roberts se unió en su decisión a la recién nombrada juez Amy Coney Barrett, así como a los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito, Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch.
Los jueces Elena Kagan y Sonia Sotomayor expresaron su desacuerdo y Stephen Breyer también dijo que creía que el fallo anterior debería haberse mantenido.
*Traducido y adaptado por Eduardo Berdejo para ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.
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