Un grupo de organizaciones feministas ha denunciado que los negocios dedicados a la fecundación artificial a través de la fecundación in vitro están realizando también «labores de promoción o captación de clientes» para redes de vientres de alquiler.
Estas organizaciones feministas recuerdan además que la práctica de los vientres de alquiler, además de «atentar contra los derechos humanos de las mujeres y de los bebés» están «expresamente prohibidas en la legislación española».
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraLos grupos feministas denunciantes reclaman al Gobierno que notifique por escrito a los centros acreditados para la práctica de la fecundación artificial en España que la práctica de los vientres de alquiler está prohibida.
Grupos como la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres, la Plataforma “No somos Vasijas”, la Asociación L’Escola AC y Stop Vientres de Alquiler reaccionan así a la publicación del diario manchego Lanza fechada el pasado 24 de marzo en la que se daba cuenta de la imposibilidad de volver a España de un matrimonio que el pasado 8 de marzo fue a Kiev a recoger a la niña que habían comprado a través de un vientre de alquiler en Ucrania.
Según las declaraciones ofrecidas por la pareja, la niña habría sido concebida in vitro con espermatozoides del hombre y los óvulos de la madre de la niña, que ha cobrado un dinero por servir de vientre de alquiler para la gestación de la menor.
Lo relevante a efectos de la denuncia realizada por las organizaciones feministas, es que la mujer narra cómo, certificada su incapacidad para una gestación natural, una ginecóloga del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) fue quien animó a la pareja a emprender el camino de la gestación por vientre de alquiler.
Pacto de coalición contra los vientres de alquler
Se da la circunstancia de que el punto 7.7 del pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos es inequívocamente contrario a los vientres de alquiler porque «socavan los derechos de las mujeres, especialmente de las más vulnerables, mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas».
Una de las organizaciones impulsoras de esta reclamación al gobierno ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General contra seis agencias de intermediación de vientres de alquiler que operan en España por incurrir en un delito tipificado en el artículo 221 del Código Penal que castiga con penas al intermediario de una operación en la que medie pago por la entrega de un menor «eludiendo los procedimientos legales de la guarda, acogimiento o adopción, con la finalidad de establecer una relación análoga a la de filiación».
