La portavoz de Derecho a Vivir, Rosana Ribera de Gracia, ha preguntado este sábado a la consejera de Salud de la Generalidad de Cataluña, Alba Vergués, que explique de dónde ha sacado el dato de que el 80 por ciento de los catalanes apoyan la eutanasia.
“Estamos ante un nuevo intento por parte de los políticos de imponer una ley vistiéndola de consenso cuando no es cierto que lo haya”, ha declarado Ribera, quien ha constatado la “falacia” de los datos aportados por la consejera de Sanidad, probablemente extrapolados del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de 2011, en el que la pregunta planteada es “capciosa” y la interpretación de los partidarios de la eutanasia, “manipuladora”.
El Parlamento de Cataluña aprobó este jueves una propuesta para volver a presentar a proposición de ley de reforma de la Ley del Código Penal para despenalizar la eutanasia. En declaraciones posteriores en los pasillos del Parlamento autonómico, la consejera justificó que quieren encabezar «esta lucha por los derechos y la voluntad del 80% de la sociedad catalana».
CIS: ¿Desea tener una muerte digna?
“¡Pues claro que deseo tener una muerte digna!”, ha espetado la portavoz de Derecho a Vivir. “Lo que me sorprende es que haya un 22,5 por ciento de españoles que no contestaran que sí a la pregunta formulada en el marco del Barómetro Sanitario 2011 del CIS (‘¿Está usted de acuerdo con que en España se apruebe una ley que regule el derecho de las personas a tener una muerte digna?’) ¿Es que acaso alguien desea morir sin dignidad o con dolor?».
A esta cuestión respondió de forma afirmativa el 77,5%. El 9,8%, de forma negativa. Contestó “no sabe” el 11,2%. Y un 1,5% prefirió no decir nada.
“La sedación no puede ser un derecho, como no lo es el derecho a la escayola. La indicación de sedación paliativa, incluso en fase terminal, como ha indicado la Asociación Española de Cuidados Paliativos, la establece el médico al comprobar que el paciente no responde a otros tratamientos. Es un recurso terapéutico que se puede aplicar al enfermo terminal. ¿O es que existe un derecho a ser tratado de apendicitis?”, se ha preguntado Ribera.
Además, la sedación paliativa no debe aplicarse nunca para aliviar la pena o angustia de las personas que cuidan a un enfermo o por la carga laboral.
Por otra parte, el establecer la sedación como “derecho” conlleva una obligación por parte del médico que, automáticamente, se convierte en verdugo y está sujeto a sanciones por incumplimiento de ese “derecho”. Además, la sedación puede suponer un abuso de pacientes vulnerables porque, por ejemplo, si un enfermo está en coma y no sufre, ¿por qué un familiar podría pedir su sedación? Finalmente, puesto que hay una delgada línea entre sedación y eutanasia, la sedación puede dar lugar a eutanasia encubierta, que alivia el sufrimiento acabando con la vida de la persona en vez de luchar por la enfermedad.
“Lo que debe incluirse, sin más dilación, en las leyes españolas es el derecho al tratamiento del dolor. Lo más urgente es poner los medios para aliviar el sufrimiento de las personas. No necesitamos una ley de eutanasia para provocar la muerte de enfermos o ancianos sino una ley de cuidados paliativos que se aplique en todo el territorio español y esté dotada de recursos humanos y económicos suficientes», ha añadido la portavoz de Derecho a Vivir. Y es que Rosana Ribera ha instado a la sociedad española a “no quedarse con los titulares y ser consciente de lo que se está hablando y de sus consecuencias”. “Los españoles deben saber que el 40% de los belgas -en Bélgica está aprobada la eutanasia- se muestra favorable a mantener el sistema de la seguridad social del país dejando de sufragar los costes de los tratamientos que prolonguen la vida de las personas que tengan más de 85 años, según datos oficiales«, ha concluido.
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