La plataforma Derecho a Vivir ha lanzado una nueva campaña dirigida a Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, Pablo Casado, líder del Partido Popular, y Santiago Abascal, presidente de Vox, para pedirles que sus partidos se opongan a proyecto legislativo sobre la eutanasia que se está promoviendo desde los partidos de la izquierda.
La petición ciudadana, que en poco más de 24 horas ha recabado el apoyo de más de 14.700 personas, solicita a los líderes de las formaciones de centro-derecha que promuevan una legislación que defienda la vida y los cuidados paliativos y nunca el “derecho a matar”.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahora“Las consecuencias de que esta ley salga adelante pueden ser extremadamente graves, pues cuando el sistema legal ampara la muerte en determinados casos, tarde o temprano afecta a la práctica médica en su totalidad”, ha afirmado Rosana Ribera de Gracia, portavoz de Derecho a Vivir.
“Desgraciadamente, en países donde la eutanasia es legal, los propios médicos presionan a los enfermos y a sus familiares para que acaben con sus vidas, llegando incluso a extremos como el de Bélgica, donde al 32% de los enfermos a los que se les ha practicado la eutanasia no dieron nunca su consentimiento”, ha explicado Ribera.
Los miles de ciudadanos que están escribiendo a los líderes de las tres formaciones políticas les piden que, entre otras cosas, la eutanasia no se convierta en un coladero para deshacerse de los ancianos, de las personas que están en coma, las personas con discapacidad, con enfermedades de larga duración, incluso sin su consentimiento.
“Los ancianos, las personas que se encuentran en un estado terminal por lo general desean dejar de sufrir, pero no morir. Una ley que regule los cuidados paliativos puede dar respuesta a esa necesidad”, ha afirmado la portavoz de Derecho a Vivir.
“¿Quién no quiere morir dignamente? Todo el mundo quiere hacerlo. Ahora bien, cuando una sociedad permite que se pueda matar excepcionalmente a un ser humano bajo el amparo legal del Estado, cuando las leyes nos obligan a aceptar como ‘buenas’ las actuaciones encaminadas a terminar con la vida de individuos cuyas condiciones vitales no son consideradas suficientemente aceptables, todos, tarde o temprano, estamos en peligro”, ha concluido.
