El Congreso de los Diputados ha admitido y enviará a diferentes comisiones una propuesta de HazteOir.org para «el reconocimiento legislativo del acoso por razón de maternidad, conocido como mobbing maternal) como «figura específica de discriminación laboral contra la mujer por razón de su maternidad».
La asociación alega que, «un gran número de mujeres españolas sufre acoso laboral durante el embarazo» y denuncia que, más allá de los despidos por razón de maternidad que se realizan, «hay un presión intensa que pasa desapercibida» por la falta de legislación concreta contra este fenómeno. «No hay medidas que protejan a la mujer de las burlas, la presión y el acoso durante el embarazo y tras la reincorporación», especifica la asociación en el escrito registrado en el Congreso.
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Suscríbete ahoraSegún HazteOir.org, «el acoso laboral engloba toda circunstancia relacionada con la maternidad, pues afecta a la mujer trabajadora en edad fértil, embarazada, en periodo de lactancia, o madre con hijos menores de 6 años«. En este sentido, señala que «este acoso está generalizado y afecta a más de la mitad de las madres trabajadoras».
Medidas reales «frente a la falsa lucha por la igualdad»
La portavoz de la plataforma Derecho a Vivir, Rosana Ribera de Gracia, ha recibido con satisfacción la noticia, si bien espera «que se traduzca en medidas reales, en medidas de conciliación para hombres y mujeres, frente a la falsa lucha por la igualdad que predica la ministra Irene Montero».
Ribera sostiene que «la perfecta igualdad que no admite poder ni privilegio que describió John Stuart Mill hace 140 años ha derivado en una falsa igualdad ideológica enarbolada por el social-comunismo radical, ahora encabezado por Irene Montero, que no representa a todas las mujeres y, desde luego, no es igualdad porque excluye a los hombres».
A su juicio, resuta «imprescindible» la acción legislativa dirigida a combatir «la discriminación por razón de sexo» y que al tiempo abogue por «una promoción real, no ideológica, de la igualdad entre mujeres y hombres, una exigencia, por otra parte, ya incluida en nuestro ordenamiento constitucional».
La portavoz de Derecho a Vivir reclama «urgentemente un plan normativo para la conciliación de la vida familiar, laboral y personal» así como un un pacto para la conciliación laboral y la racionalización y flexibilidad de los horarios y la corresponsabilidad en las labores del hogar.
«Sin demagogias, ideologías ni postureos. Al servicio de las necesidades reales de las personas y las familias. Esta demanda existía antes de la pandemia pero, después del esfuerzo realizado por hombres y mujeres para atender a sus familias durante el confinamiento, las medidas eficaces son inaplazables», concluye Ribera.
