A partir del 1 de febrero de 2018 nadie podrá acercarse a menos de 150 metros de un abortorio en Ontario, Canadá, si su intención es ofrecer ayuda y consejo a una mujer embarazada que vaya a terminar con la vida de su hijo.
Tampoco se podrán organizar manifestaciones, oraciones o actos en favor de la vida dentro de ese llamado ‘espacio de seguridad’ para evitar que las mujeres embarazadas sufran el «acoso» de los provida cuando van a abortar.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraAsimismo, farmacias y hospitales que ofrezcan servicios abortivos, como la píldora del día después, podrán solicitar tener su propio espacio de seguridad para evitar cualquier acción que consideren amenazante contra sus clientes, como rezar.
Se trata del Proyecto de Ley 163 de Acceso Seguro a Servicios de Aborto que se aprobó el pasado 25 de octubre en la provincia canadiense y que acaban de anunciar la fecha en la que entrará en vigor.
Una ley que se aprobó apenas tres semanas después de ser propuesta y que contó con un único voto en contra, y ninguna abstención. Y todo, porque según los legisladores los provida «acosan» a las embarazadas cuando acuden a estos centros.
Presidente provida: «Si el gobierno y la industria del aborto piensan que esto nos va a disuadir, no tienen idea»
El presidente nacional de la asociación provida Campaign Life Coalition, Jim Hughes, asegura que esta ley no les detendrá y que seguirán intentado ayudar a las mujeres que enfrentan embarazos difíciles, que piensen que el aborto es su única opción y que estén dispuestas a escucharles.
«Si el gobierno y la industria del aborto piensan que esto nos va a disuadir, no tienen idea», le Jim Hughes dijo a LifeSiteNews.
Los actos que a partir de febrero se considerarán criminales dentro de estas zonas son:
1. Aconsejar a una persona que se abstenga de acceder a los servicios de aborto
2. Protestas relacionadas con el aborto
3. Interferir físicamente o intimidar a las personas que acceden al aborto
4. Grabar o hacer fotos a quienes acudan a estos centros
Las condenas que contempla la ley 163 para quienes infrinjan la norma van desde una multa de 500 dólares y/o una condena máxima de seis meses en una primera condena, y el doble de multa y prisión a partir de la segunda sentencia.
Según LifeSite este proyectó nació por las quejas de los abortorios Morgentaler de Ottawa, y Planned Parenthood Ottawa sobre el acoso que los provida ejercía sobre las personas que acudían al centro. Es decir, la perdida de clientes y por tanto las vidas salvadas.
