Irene Montero, futura ministra de Igualdad y esposa del secretario general de Podemos Pablo Iglesia planea promover una reforma legal para que las niñas adolescentes de 16 y 17 años puedan abortar sin el conocimiento de sus padres o tutores legales.
La coalición socialcomunista sostenida por los herederos de ETA y los secesionistas de Esquerra Republicana de Cataluña, el Partido Nacionalista Vasco y otros grupos minoritarios habría acordado recuperar el párrafo de la ley del aborto aprobada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, según detalla la cadena SER.
En el año 2015 el Partido Popular, con mayoría absoluta, redujo la posibilidad de derogar la ley de barra libre de aborto y legislar de manera efectiva a favor de la protección de la vida humana a una micro reforma que tan sólo suprimió el apartado 4 del artículo 13, que estipulaba:
En el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad.
Al menos uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas en esas edades deberá ser informado de la decisión de la mujer.
Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo.
Esta reforma mínima, frente al cambio de una ley de plazos a una ley de barra libre de aborto convertido en derecho con cargo al presupuesto público, se percibió como una traición a las promesas electorales del PP, aún más cuando se había presentado un recurso de inconstitucionalidad. Recurso que, por cierto, el Tribunal Constitucional no ha abordado aún, casi 10 años después.
Este fue uno de los asuntos que más minó la confianza de los votantes en Mariano Rajoy y el propio Partido Popular y que ha colaborado al surgimiento de Vox en el último año como fuerza decisiva para la formación de gobiernos autonómicos y locales y como tercera fuerza nacional en el Congreso de los Diputados.
La portavoz de la plataforma Derecho a Vivir, Rosana Ribera, ha asegurado a ABC que, de llevarse a cabo esta modificación, «se corre el riesgo de disminuir las garantías de las niñas ante el drama del aborto; nos impide como padres ejercer el derecho de formación y consejo a nuestros hijos conforme a nuestros valores, ignorando, además el ejercicio de la patria potestad, y se conculca, al igual que con el resto de la ley del aborto, el derecho fundamental a la vida del niño que espera nacer”.
Comentarios
Comentarios