La Corte Constitucional del Ecuador analiza este miércoles una demanda de inconstitucionalidad impulsada por organizaciones impulsoras del aborto contra los artículos 149 y 150.2 del Código Orgánico Integral Penal.
Los artículos señalados como contrarios a la Constitución contemplan una pena de cárcel de 1 a 3 años a quien provoque un aborto consentido por la madre y de seis meses a dos años de privación de libertad a la mujer que se lo provoque (art. 149).
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraPor otro lado, se oponen a que no esté penado el aborto en el caso de violación sólo para la mujer «que padezca discapacidad mental», ampliándose a todas las mujeres.
La Constitución de Ecuador señala en su artículo 45 que «el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción» y en el artículo 66 establece «el derecho a la inviolabilidad de la vida», «la integridad física», «una vida libre de violencia» o «la prohibición de la tortura», derechos que el aborto conculca en el seno materno.
La plataforma CitizenGO ha puesto en marcha una campaña en la que recuerda a la magistrada del Tribunal constitucional Karla Andrade estas disposiciones constitucionales y que «Ecuador ya manifestó en reiteradas ocasiones su oposición al aborto. Lo hizo durante la tramitación del Código Orgánico Integral Penal, el Código de Salud y más recientemente con el Código de la Niñez».
«Nada puede justificar el aborto. Tampoco la violación. La violencia no puede solucionarse con más violencia que -además- otorgaría impunidad para el abusador. Por todo ello, le pido que rechace la pretensión de los colectivos feministas por inconstitucional y contraria al sentir mayoritario de los ecuatorianos», señala la campaña.
En paralelo a este proceso judicial constitucional, la Asamblea Nacional de Ecuador debate una propuesta para legalizar el aborto bajo la excusa de que la concepción del nuevo ser humano al que se propone matar se produjo como consecuencia de un delito de violación.
Esta introducción del aborto pretende ser sustanciada a través de una reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia que trataría de aprobar los contenidos proaborto del Código de Salud que fueron vetados por el expresidente Lenin Moreno en septiembre de 2020 por motivos técnicos.
