El Tribunal Constitucional italiano da rienda suelta al suicido asistido

El Tribunal Constitucional de Italia ha dicho sí al suicidio asistido médicamente, afirmando que no es delito y que «no se puede castigar a quien ayuda al suicidio en determinadas condiciones». Cuando «un paciente que se mantiene en vida con tratamientos de apoyo vital y está afectado por una patología irreversible, fuente de sufrimientos físicos y psicológicos que él considera intolerables, pero es plenamente capaz de adoptar decisiones libres y en plena conciencia», afirma el Tribunal Constitucional.

Después de dos días de intenso debate, el alto Tribunal italiano encuentra una solución para el delicadísimo caso jurídico y ético de la posible despenalización de la ayuda al suicidio médicamente asistido. Se trata de una cuestión muy polémica que suscita una gran sensibilidad, que al menos desde hace una docena de años divide a la opinión pública y a la política, hasta el punto de que el Parlamento se ha visto incapaz de legislar sobre el tema, siendo especialmente manifiesta la oposición de muchos católicos, y de otros grupos no confesionales.

El Parlamento se ha visto incapaz de legislar sobre el tema, siendo especialmente manifiesta la oposición de muchos católicos

Iniciativas parecidas se están dando en toda Europa, denuncian desde la plataforma internacional ADF, desde que se aprobaran leyes de eutanasia y suicidio asistido en 1998 en Bélgica y países bajos. Ha habido iniciativas parecidas en países como Portugal o Reino Unido, que las han rechazado, o en la misma España donde una ley de ‘muerte digna’ se encuentra en trámite en el Congreso. ADF denuncia además que «el Derecho internacional no da ningún respaldo ni a la eutanasia ni al suicidio asistido, sino que protege la vida de los más débiles».

El largo debate del Tribunal Constitucional italiano refleja la división que ha existido entre sus 15 jueces. Ha quedado anulado el artículo 589 del código penal, que prevé penas entre 5 y 12 años a quien instiga o ayuda al suicidio. Los jueces aclaran que ayudar al suicidio médicamente asistido no es delito cuando se refiere a una persona «afectada por una patología irreversible, fuente de sufrimientos físicos y psíquicos, que encuentra absolutamente intolerables».

Objeción de conciencia

Como era de esperar, el veredicto del Tribunal Constitucional ha sido acogido con júbilo por las asociaciones pro ‘muerte digna’ y con indignación por parte de la Iglesia, sectores que se habían movilizado especialmente en los últimos días. Para la Iglesia católica el suicidio asistido «no es un derecho y no puede depender de nuestra voluntad». La Asociación de médicos católicos italianos (AMCI), que cuenta con 4.000 asociados, ha señalado que están preparados para hacer objeción de conciencia y no ayudar al enfermo que solicite el suicidio médicamente asistido. El vicepresidente de AMCI, Giuseppe Battimelli, explica: «No se trata solo de una orientación religiosa que prohíbe realizar tal práctica, sino de un hecho deontológico que afecta a todos los médicos».

Sentencia tras un caso dramático

A esta delicada decisión ha llegado el alto Tribunal después de un caso dramático que dividió a la sociedad italiana. En febrero 2017, el conocido Dj Fabiano Antoniani, milanés de 39 años, tetrapléjico y ciego después de un accidente de tráfico que sufrió en el 2014, murió en una clínica de Zurich (Suiza) con suicidio asistido, pagando 10.000 euros. Se suicidó con un fármaco letal proporcionado por los médicos. Le acompañó por Marco Cappato, exdiputado radical y exeuroparlamentario, miembro de la Asociación Coscioni a favor de la eutanasia legal, que se autodenunció.

Contra él se abrió un proceso porque, según el artículo 580 del Código penal italiano, el radical Cappato cometió el delito de instigación o ayuda al suicidio, castigado con pena de cárcel entre 5 y 12 años. En la normativa italiana suicidio y eutanasia se consideran delitos contra la vida. Pero el Tribunal de Milán suspendió el proceso y pidió el parecer del Tribunal Constitucional, que invitó al Parlamento a legislar antes del próximo 24 de septiembre, una petición que cayó en el vacío, lo que da idea de la división y dificultad de la política italiana para aprobar una ley sobre el suicidio asistido.

Presiones

En los últimos días se han sucedido las presiones desde diversos sectores políticos, sociales y religiosos para condicionar la sentencia del Tribunal Constitucional. El Papa, que considera «la eutanasia y el suicidio asistido una derrota para todos», pidió el viernes en una audiencia a 350 médicos que «rechacen la tentación de usar la medicina para ofrecer asistencia al suicidio o causar la muerte con la eutanasia», actuando por «falsa compasión» frente a quien pide poder «anticipar la muerte». Este lunes se reunión la Conferencia episcopal italiana que relanzó el discurso pronunciado el viernes por el Papa, reiterando que «el suicidio asistido es una elección egoísta para privilegiar a los fuertes».

Según «Avvenire», periódico de los obispos italianos, en Holanda, donde está legalizada la eutanasia, en el año 2017 hubo oficialmente 6.585 casos de eutanasia, incluyendo también el suicidio asistido, cifra que corresponde al 4,4 % de las muertes en ese país. «Se trata de una proporción -escribe la profesora de Química Física Assuntina Morresi en Avvenire- que proyectada sobre las 647.000 muertes en Italia en el mismo año 2017, ofrece un dato potencial de 28.468 muertes por eutanasia y suicidio asistido al año».

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