«El Magistrado Enrique escobar, en cumplimiento de lo ordenado por el primer colegiado penal, resuelve: Primero. Revoca definitivamente Auto de Formal Prisión. Segundo. Se ordena la libertad inmediata de Jorge Joaquín Ignacio Serrano Limón por carecer de elementos que lo pudieran inculpar».
Así comienza el mensaje que la familia del presidente fundador de la asociación civil Provida en México y el propio Jorge Serrano Limón han comunicado la resolución final que le exculpa de todos los cargos que se habían vertido contra él en los últimos 14 años y que le llevaron a ingresar en prisión provisional en febrero de 2016 durante tres días.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraEl mensaje, distribuido a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea prosigue con muchos agradecimientos de parte de la familia Serrano.
«Magda, mis hijos y yo agradecemos profundamente las oraciones, apoyos , preocupaciones y de más de todos ustedes, hermanos y amigos que han tenido desde hace 14 años en las acusaciones con falsedad que derivarán en este proceso penal.
Bendecimos a Dios, a la Virgen y a todos ustedes, así como también a nuestros enemigos y todos los que gestaron estos procesos penales, que lejos de dañarnos nos fortalecieron junto con ustedes en Cristo Jesús.
Muchas gracias y nuevamente los bendecimos a ustedes y pedimos a Dios y a la Virgen los lleven a la santidad. Viva Cristo Rey. Viva la Virgen de Guadalupe».
A Serrano Limón se le acusaba -ahora se comprueba que en falso- de desviar 25.764.540 pesos (1.12 millones de euros) provinientes de recursos públicos
En octubre de 2015 la Fiscalía emitió una orden de detención por un presunto delito de peculado (malversación de caudales públicos) que se hizo efectiva el 17 de febrero de 2016, día en el que precisamente el Papa Francisco se despedía de México tras haber permanecido en el país de la Guadalupana durante 5 días.
En concreto, a Serrano Limón se le acusaba -ahora se comprueba que en falso- de desviar 25.764.540 pesos (1.12 millones de euros) provinientes de recursos públicos destinados a la instalación y mantenimiento de casas de acogida para embarazadas en riesgo de aborto y madres en riesgo de exclusión social.
«Como consecuencia de la revisión realizada a dicha asociación civil por parte de la Auditoría Superior de la Federación, se detectaron diversas irregularidades y faltas graves en el ejercicio de recursos que el Gobierno Federal le había asignado para el equipamiento de centros de ayuda para la mujer» decía la orden de la Procuraduría General de la República.
En aquél momento, la organización internacional CitizenGO puso en marcha una campaña suscrita por más de 50.000 personas dirigida al presidente Enrique Peña Nieto para que interviniera en su liberación. Tres días más tarde Jorge Serrano Limón logró salir del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México tras poner su casa familiar como fianza de una cantidad equivalente a la del supuesto desfalco, que finalmente ha quedado acreditado que no cometió.
La Asociaicón ProVida de México siempre defendió que a Serrano Limón se le acusó como si fuera funcionario público sin serlo y como si el dinero lo hubiera recibido a título particular, cuando la beneficiaria de las subvenciones era la asociación civil.
El ‘tangagate’ que resultó ser una farsa
La persecución mediática y judicial contra Jorge Serrano Limón comenzó en 2003, cuando se le acusó de haber comprado tres bragas modelo tanga, cosa que nunca se demostró con el dinero público. Pero la idea de un ‘tangagate’ caló en la opinión pública y, por lo que se ve, en la judicatura.
En aquél año la Secretaría de Salud [Ministerio] entregó recursos a Jorge Serrano para poner en marcha diez centros de ayuda a la mujer y equipar otros 48 situados en diferentes estados de México. Tras el falso escándalo del ‘tangagate’, la Auditoría Superior de la Federación investigó el destino de los fondos, sin mayor repercusión, tal y como explicaba el propio Serrano Limón a Excelsior tras salir de la cárcel.
Pese a todo, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 15 años sobre la base del supuesto desvío de fondos que no estaba juzgado y que ahora se ha demostrado falso. Asímismo se le impuso una sanción económica de 13 millones de pesos (más de medio millón de euros). Serrano pidió amparo judicial y el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ratificó lo decidido por la Secretaría de la Función Pública.
El calvario continuó cuando en 2012, el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Distrito Federal condenó a cuatro años de prisión a Serrano Limón, encontrado culpable de desviar dos millones y medio de pesos y se le impuso otra multa de 14.500 pesos, pero no fue encarcelado.
La «traca final» de todo el proceso se produjo al ser detenido el último día de la visita apostólica del Papa Francisco.