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La izquierda en Madrid se niega a eliminar la discapacidad como causa legal de aborto

Los grupos parlamentarios de PSOE, Ciudadanos, Más Madrid y Podemos en la Asamblea de Madrid han rechazado con sus votos una proposición no de ley presentada por Vox para que la Asamblea de Madrid inste al Gobierno a eliminar la discapacidad como causa legal del aborto y a dotar a los hospitales madrileños de un protocolo de atención a las familias que van a atener un hijo con discapacidad.

Según ha podido saber Actuall de fuentes parlamentarias, el Partido Popular habría barajado las horas pervias a la votación no sumarse a la propuesta de Vox. También Ciudadanos se habría mostrado indeciso ante el texto presentado por Vox y, aunque se habría planteado la abstención, finalmente se ha decantado por el ‘no’ para sumarse al resto de la izquierda de la cámara regional.

La propuesta de Vox subraya la paradoja de que mientras en España las posibilidades de apoyar a las personas con síndrome de Down han avanzado mucho hasta el punto de que se ha aumentado su esperanza de vida en 2,7 años en las últimas dos décadas, la ley del aborto permite acabar con sus vidas durante las 22 primeras semanas de vida prenatal por «graves anomañias del feto» o en cualquier momento antes el parto «cuando se detecte en el feto una enfermedad extremnadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico».

En España, la tasa anual de nacimientos de personas son síndrome de Down ha pasado del 16,2 casos por 10.000 nacimientos en los años 80 a 4,92 en el año 2016. «En cifras absolutas, lo sestudios oficiales estiman un descenso de los nacimientos anuales desde 1.032 en la segunda mitad de la década de los 70, a 281 en el último lustro (201-2015», recuerda la PNL de Vox.

El Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad ha instado a España a eliminar este supuesto legal de aborto por causa eugenésica, por resultar discriminatorio y el Comité sobre la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha comprobado «violaciones graves o sistemáticas» de este compromiso por parte de España.

Esta convención reconoce «que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano» y los países firmantes quedan obligados a «tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad».

Asímismo, la Convención obliga a los estados firmantes a impedir «que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención de la salud (…) por motivos de discapacidad» y que, por otro lado, «reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación».

Esto incluiría la derogación de las disposiciones jurídicas que legalizan el aborto eugenésico, que habilita legalmente a la industria del aborto a eliminar a los seres humanos que presentan alguna discapacidad -o simplemente una probabilidad de tenerla- antes del nacimiento, como instaba Vox y han rechazado el resto de partidos en la Asamblea de Madrid a excepción del PP, que durante su mayoría absoluta en el gobierno de la nación tampoco atendió a estos requerimientos para proteger a las personas con discapacidad del aborto.

"Todas las vidas importan" Gádor Joya, pleno de la Asamblea de Madrid 03 de Diciembre 2020.

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