Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal. /EFE
Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal. /EFE

El Parlamento de Portugal aprobó el pasado viernes la legalización de la muerte provocada mediante eutanasia después de un intenso debate social después de que un intento similar fuera rechazado en el año 2018.

Tras ese fracaso legislativo, se presentaron hasta cinco nuevos proyectos de ley de eutanasia que fueron admitidos al trámite legislativo y de cuya discusión resultó el texto único que ha sido aprobado.

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A pesar de ello, aún falta que el presidente Marcelo Rebelo de Sousa ratifique o no el texto para su promulgación definitiva. De ser así, Portugal se convertiría en el cuarto país de Europa en despenalizar la eutanasia.

La ley aprobada por el Parlamento de Portugal prevé que los mayores de 18 años con enfermedades calificadas de «incurables» o que afrontan situaciones de lo que es identificado como «sufrimiento grave», pidan ayuda para suicidarse con la colaboración de personal sanitario.

El proyecto, que recibió 136 votos a favor, 78 en contra y cuatro abstenciones, ha sido aprobado fundamentalmente con el apoyo mayoritario de los partidos de izquierda, con el Partido Socialista a la cabeza, a excepción del Partido Comunista de Portugal. A ellos se han sumado los animalistas y el Partido Ecologista, así como algunos diputados del opositor Partido Social Demócrata (PSD), ya que tanto esta formación como los socialistas dieron libertad de voto.

En contra por tanto votaron unos pocos miembros del Partido Socialista, la mayoría del PSD, el diputado de Chega y los miembros del ya citado Partido Comunista.

Papel central del conservador Rebelo de Sousa

Marcelo Rebelo de Sousa, fue reelegido hace una semana para un segundo mandato como jefe de Estado y puede pronunciarse en contra de la ley de eutanasia como ya ha hecho con anterioridad ante otros textos legales emanados del Parlamento luso, en una decena de ocasiones.

De ideología conservadora y católico practicante, Rebelo de Sousa puede solicitar al Tribunal Constitucional que se pronuncie e incluso vetar el texto, si bien este rechazo podría ser revertido en el Parlamento.

Rebelo de Sousa vetó en 2018 la ley que permitía a los menores entre de 16 y 17 años la modificación registral del sexo con la mera declaración de la intención de hacerlo.

En los últimos años Rebelo de Sousa usó su derecho presidencial al veto ante diferentes normas como la que decretaba la declaración de interés público de la Escuela Superior de Terapéutica No Convencional, un cambio de reglas para el manejo de datos en el sistema judicial o y la ley de reproducción asistida.

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