Panamá es uno de los grandes objetivos de la ONU para intentar legalizar el aborto libre. Así lo ha demostrado tras publicar el Comité para los derechos de los Niños sus conclusiones sus conclusiones tras realizar un escrutinio en el país.
Y es que según esta organización el país centroamericano debería asegurar que todas las jóvenes tuviesen acceso al aborto, un fácil acceso a anticonceptivos y un programa de educación sexual.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraLos miembros del Comité especifican que están «preocupados por que las chicas menores de 19 años representen el 18,7 % de los embarazos registrados en 2016».
Además, agregan, les inquieta el alto índice de abandono escolar de chicas embarazadas, el limitado acceso a servicios de salud adecuados para adolescentes y los altos índices de enfermedades de transmisión sexual.
Por todo esto, el Comité recomienda directamente a Panamá que «despenalice el aborto en todos los casos, asegure que las chicas tengan acceso a un aborto seguro y a servicios postaborto, revise su legislación para salvaguardar el interés de las chicas embarazadas y que asegure que sus opiniones sean tenidas en cuenta en relación a la ‘interrupción voluntaria del embarazo'».
La ONU recomienda a las autoridades panameñas que adopten una estrategia de comunicación sobre ‘salud sexual y reproductiva’ centrada en las adolescentes
En coalición con esta medida iría la consiguiente: que el gobierno «garantice el acceso fácil de las adolescentes a anticonceptivos baratos».
Y también recomiendan a las autoridades panameñas que adopten una estrategia de comunicación sobre ‘salud sexual y reproductiva’ centrada en las adolescentes, queriendo así evitar embarazos no deseados y reducir las tasas de enfermedades de transmisión sexual.
En Panamá el aborto está despenalizado en tres supuestos: el riesgo para la salud de la madre; el aborto eugenésico por enfermedad o deformidad del bebé; y el llamado “aborto ético”, cuando la gestación es fruto de una violación. Pero para la ONU no es suficiente.
En este sentido, el Comité recomienda que se retome en el Parlamento el debate de la ley número 61 que versa sobre la introducción de la educación sexual y reproductiva, y que esta enseñanza sea obligatoria del currículum escolar.
