Ban Kin-Moon, secretario general de la ONU /ONU
Ban Kin-Moon, secretario general de la ONU /ONU

La Organización de Naciones Unidas (ONU) presionó nuevamente a Ecuador por la legalización total del aborto por violación, sin necesidad de que exista discapacidad mental de la mujer, y por incesto.

La declaración se da en el informe sobre derechos humanos que elaboró el Comité de Derechos Civiles y Políticos de la ONU donde declara que observa con ‘preocupación’ que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) ‘criminalice’ el aborto, salvo peligro de la vida o salud de la mujer o violación a una mujer con discapacidad mental.

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El Comité pide al Estado ‘revisar’ el COIP e introducir más excepciones al aborto cuando sea consecuencia de violación o incesto aun sin discapacidad mental de la mujer o en caso de discapacidad del feto.

Desde que el nuevo COIP estaba en debate en la Asamblea, en el 2013, la ONU ha emitido comunicados pidiendo al Estado que revise esta temática. Tan solo en 2014, cuatro relatorías del Consejo de Derechos Humanos de la ONU remitieron una carta al entonces embajador Luis Gallegos enfatizando en este punto.

En 2015 volvieron a recomendar la legalización del aborto en casos de violación, incesto y serias malformaciones del feto

En 2015, el Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (Cedaw, por sus siglas en inglés) volvió a recomendar al Estado la legalización del aborto en casos de violación, incesto y serias malformaciones del feto.

Sin embargo, el Parlamento ecuatoriano no se ha dejado presionar por las insistencias internacionales y ha limitado la discusión.

La normativa vigente establece que habrá “pena privativa de libertad de seis meses a dos años” para quien realice un aborto con dos excepciones: si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la embarazada; y si el embarazo fue por una violación a una mujer discapacitada mental.

Hasta el momento, la única propuesta para despenalizar el aborto en el país sudamericano proviene del Defensor del Público, que en julio pasado entregó un proyecto de Ley para legalizar el aborto en caso de violación, incesto, estupro o inseminación no consentida.

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