Mila fue violada sistemáticamente desde los 6 o 7 años por su padrastro Lucas Pezo Amaringo. Un vecino habría sido un segundo agresor. Pero en ese entonces a nadie le importó el caso de Mila. El padrastro recién fue denunciado el 2021. En ese momento, no hubo prensa, ni abogados de ONGs, ni Ministro de la Mujer que se interesara en defender sus derechos.
Sin embargo, no fueron los únicos que violaron los derechos de Mila. Hubo muchos más. Hubo otros que también vieron a Mila vulnerable e indefensa, sin padre presente ni madre capaz de defenderla. Y la eligieron para satisfacer sus inconfesables propósitos. La usaron sin importarle su bienestar ni sus derechos, tan vilmente como el padrastro y el vecino.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraLamentablemente, Mila no es caso aislado. Es una de las miles de niñas abusadas sexualmente en las zonas pobres de nuestro país y del mundo.
Entonces, ¿por qué Mila se volvió un caso relevante en julio y agosto del 2023, y no cuatro años antes ni en el 2021 que se hizo la primera denuncia de abuso sexual? Porque, para su mala suerte, Mila solo estuvo en una situación y timing correcto para el lobby internacional a favor del aborto en el 2023. Solo ahora reunió todas las condiciones para construir un caso legal de presión política dirigido a ampliar el aborto legal en el Perú, campaña mediática incluida.
El 15 de mayo del 2023 el Comité de los Derechos del Niño emitió un dictamen sobre el Caso Camila ordenando al Perú que el aborto sea legal en casos de violación. No es la primera vez que una agencia del sistema ONU le hace esa “recomendación” al Perú. Y todas han sido ignoradas por una simple razón: las leyes peruanas reconocen que en estos casos hay dos niños, la que está embarazada y el bebé que está por nacer. Siguiendo el sentido común, establecen que no se puede salvar a uno matando al otro. En el Perú se busca salvar las dos vidas. Para las agencias de la ONU y para el lobby pro aborto, los niños por nacer no existen, no tienen derechos y pueden ser destruidos y desechados legalmente, si son “no deseados”. Los peruanos no pensamos así y por esa razón la Constitución en su artículo 2, inciso 1, reconoce y protege el derecho a la vida del concebido.
De ahí en adelante la historia es conocida. Ahora sí PROMSEX tomó la defensa legal de Mila. Como en muchos casos en la región, una ONG pro aborto legal se asegura de tomar el control de la situación y de la información. El Caso Rosita en el 2003 en Nicaragua es sorprendentemente similar. Rosita era una niña de 9 años violada y embarazada en Costa Rica. La Red de Mujeres contra la Violencia tomó el caso. Llevaron a Rosita clandestinamente a Nicaragua e hicieron un caso emblemático de aborto terapéutico que publicitaron junto a la madre y el padrastro de Rosita. Acusaron de la violación a un vecino y lo encarcelaron. Pero 4 años después, Rosita salió embarazada de nuevo y su hija resultó muy parecida al padrastro. Esta vez la madre lo denunció. Evidenciado por una prueba de ADN, el padrastro confesó su delito, pero además dijo que la madre de Rosita y la ONG supieron todo el tiempo de que abusaba de Rosita. Se entendió entonces por qué no hubo prueba de ADN en el niño por nacer del primer embarazo y por qué se deshicieron de su cuerpo.
Volviendo a nuestro caso, cabe señalar que no todos estuvieron en contra de Mila. Por el camino aparecieron algunas ayudas para ella y su bebé por nacer.
Luego de interponerse la denuncia de violación, Mila fue acogida por la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que la tuvo a su cargo desde el 3 de julio. La directora, Lisbeth Mori, explicó a la madre de Mila que «la solución a lo que ha sucedido no es que le apliquen el aborto tampoco. La violencia sexual que ha sufrido tu hija no se va a sanar con el aborto que le van a aplicar, si es que se lo practican (…). El delito no va a dejar de existir». Sabemos cuáles fueron exactamente sus palabras porque fue grabada y el audio propalado por los medios, lo que le valió ser retirada de su cargo, acusada de incumplir sus funciones.
Unos días después, por exigencia y solicitud de PROMSEX, fue trasladada al Hospital Regional de Loreto el 20 de julio, en donde se solicitó el aborto terapéutico para Mila. Una Junta de Médica denegó el pedido por no ajustarse a la norma. Citando textualmente la nota de PROMSEX, “… (el hospital) no consideró la condición de muy alto riesgo del embarazo en una niña tan pequeña, ni tomo en consideración el aborto, como medida preventiva para evitar el daño grave y permanente”.
El resaltado —que es nuestro— señalaría una intención clara de abuso del Protocolo de Aborto terapéutico, dado que el artículo 119 del Código Penal no se refiere al aborto no punible en estos casos cuando se trata de una medida preventiva sino cuando el aborto es el único medio y no hay alternativas médicas “para salvar la vida de la gestante o para en su salud evitar un daño grave y permanente”. No estamos en tal sentido ante la verificación de un hecho sino a una evaluación hecha por un médico.
Para disipar cualquier duda sobre la pretensión de ir más allá del protocolo de aborto terapéutico, en la misma nota PROMSEX equipara el Caso Mila a los casos L.C. y Camila ambos referidos a la pretensión de que en el Perú se despenalice el aborto cuando se trate de una violación.
Ya con el caso en los medios de comunicación, le tocó el turno a Nancy Tolentino, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ella le comunicó al país que Mila había sido traída a Lima, al Instituto Nacional Materno Perinatal – INMP para que “se resguarde su salud integral y se restituya sus derechos vulnerados”.
Los hechos demostraron que el derecho que la ministra quería para Mila era el aborto terapéutico. Fue notorio que no dijera nada sobre el derecho a la vida del bebé por nacer. Se calló sobre la Constitución, el Código Civil y todas las leyes que protegen del derecho del concebido, faltando flagrantemente a sus funciones como empleada pagada con nuestros impuestos. Para ella este bebé de casi 5 meses de gestación no era parte de la población vulnerable bajo su responsabilidad. No existía. No era nada, ni tenía derecho a nada. Lo sacaron del útero de su madre y lo botaron.
Una quinta columna se encargó de neutralizar a todos los que quisieron salvar a Mila y a su bebé por nacer. A Lisbeth Mori la sacaron del camino. A los congresistas Muñante y Montoya le llovieron críticas en diversos medios de comunicación. Pero lo más preocupante son las investigaciones preliminares contra los médicos del Hospital Regional de Loreto ordenada por la recientemente creada Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad.
Fiscales bien entrenados en género y derechos sexuales y reproductivos los hostigan por el presunto delito de tortura contra Mila por negarle el aborto terapéutico. Es decir, niegan que la junta médica que establece el protocolo evalúe todos los derechos en juego, sino que asumen erróneamente que solo sirve para validar la realización de abortos. Por supuesto, cualquier investigación imparcial hubiera llevado no solo a investigar a los médicos de Loreto, sino también a los médicos del INMP que finalmente realizaron el aborto. Sobre todo, estos últimos, pues el aborto en casos de violación no se ajusta a nuestro ordenamiento jurídico nacional.
Violadores de Mila, encubridores y cómplices del crimen contra su bebé por nacer se han unido en algo más que un error de apreciación, como para que alguien pudiera decir que tienen buena intención, pero están equivocados. Ni siquiera fue el aborto para el bien de Mila, sino Mila para el bien del aborto. Es la manipulación de una tragedia.
Es una violación de muchos que no debería quedar impune.