La reforma de la Ley del aborto que anunció la ministra de Igualdad Irene Montero el día que la Audiencia Nacional pidiera al Tribunal Supremo que impute al padre de sus hijos y compañero del Gobierno, Pablo Iglesias por tres delitos, uno de ellos «con agravante de género», podría contener una reforma positiva: definir la práctica de los vientres de alquiler o la maternidad subrogada como forma de explotación reproductiva.
Se trata de un controvertido negocio, alegal por ahora en España, que se ha intentado impulsar desde diferentes organizaciones , pero que también ha encontrado rechazo en un amplio abanico de grupos.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraAsí, se han promovido actuaciones a favor de la legalización de los vientres de alquiler en España desde el Partido Popular (a través del hoy senador Javier Maroto o de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes), pero también desde Ciudadanos, que intentó impulsar una ley de vientres de alquiler en el Congreso en el año 2018 y se prsentó un año antes en los actos del Orgullo LGTBI con un autobús que reivindicaba su legalización.
En contra de la mercantilización de la gestación a través de madres de alquiler -una vía que ha sido utilizada por algunos personajes de renombre, la mayoria de ellos con tendencias homosexuales– se han manifestado desde organizaciones civiles conservadoras como HazteOir.org –que reunió más de 100.000 firmas contra la ley de Ciudadanos-; representantes de la Iglesia Católica como el obispo de San Sebastián, monseñor José Ignacio Munilla («Si no quieres tener un hijo, lo matas. Si lo quieres, lo fabricas»); altos cargos del PSOE como la exministra de Sanidad María Luisa Carcedo, o agrupaciones feministas de diversa índole que incluso han instado a la ONU en reiteradas ocasiones a aprobar una Convención sobre la ilegalización de los vientres de alquiler.
En este mismo sentido se pronunció el Comité de Bioética de España en el año 2017: «Todo contrato de gestación por sustitución, lucrativo o altruista, entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor y, por tanto, no puede aceptarse por principio».
En su pronunciamiento, el Comité de Bioética expresó algunos criterios que serían deseables en una legislación referida a los vientres de alquiler: Dotar de verdadera eficacia legal a la nulidad de los contratos de vientres de alquiler, promover un marco común regulatorio a nivel internacional y asegurar una transición segura que evite que queden desprotegidos los niños resultantes de los procesos de alquiler de vientres en los que pueden estar inmersos actualmente españoles en el extranjero.
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