Este jueves se ha debatido la proposición de no ley presentada por Podemos que, entre otras medidas, reclamaba instar al Gobierno central a modificar el Código Penal para la despenalización del suicidio médicamente asistido, en contra de la lex artis médica y del criterio de la Asociación Médica Mundial.
Finalmente, todos los grupos parlamentarios han suscrito una enmienda transaccional que tan sólo insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a mejorar algunas prácticas sobre la cuestión.
En concreto, se ha acordado que los ciudadanos puedan depositar sus “instrucciones previas” en cualquier hospital o centro de salud; incrementar la formación del personal sanitario sobre cuidados paliativos; extender éstos a las unidades infantiles; y hacer seguimiento de estos procesos.
También se ha resuelto incrementar la atención domiciliaria de cuidados paliativos, así como mejorar la coordinación con la asistencia primaria para atender a los pacientes que no están en los hospitales.
Por último, se ha acordado analizar el plan 2010-2014 de Cuidados Paliativos, que no se había renovado, para realizar uno nuevo.
La portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, asegura al respecto que “en España tenemos que ayudar a morir mejor, pero no antes” y subraya que “hay que distinguir entre ensañamiento terapéutico y mantener unos cuidados básicos del paciente mientras vive”.
Para la doctora, «el comienzo y el final de la vida no pueden ser objeto de debate. Hay líneas que no se deben cruzar y tiene que prevalecer sobre todo la protección del derecho a la vida y lo que implica, un nacimiento y una muerte naturales. Los médicos tenemos el deber de tratar y curar al enfermo. Y cuando esto no resulta posible, nuestro deber es cuidarle. De lo que tengo una certeza absoluta, como médico que soy, es que no está en nuestra profesión provocar la muerte de ningún paciente”.
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