Una treintena de médicos de toda España han firmado un escrito en el que llaman a los políticos a «reflexionar» ya «reconsiderar» el debate sobre la regulación de la eutanasia en medio de una pandemia y proponen cambiarlo por un debate sobre el estado de las residencias de mayores en el país.
En el documento se cuenta la historia de Nancy Russell, una anciana de 90 años que vivía en una residencia canadiense «con un aceptable estado de salud» y que sufrió un confinamiento de dos semanas en su habitación a causa de la pandemia, sin poder salir ni mantener las relaciones sociales que, explican, «le daban estímulo y la alegría de la vida».
Esta mujer, explican, decidió pedir la eutanasia, legalizada en su país, y falleció el 20 de octubre después de que le suministraran una inyección letal. Para estos profesionales sanitarios, este testimonio debería hacer reflexionar a los responsables políticos que este jueves, previsiblemente, aprobarán en el Congreso la primera fase de la tramitación de la ley que regula esta práctica.
A su juicio, es «chocante» que se esté eludiendo otro debate, en su opinión «más objetivo, próximo y actual» como es la situación que se está padeciendo como consecuencia de la pandemia y que «ha generado en la sociedad española una deuda moral, sobre todo con los miles de ancianos que han muerto y lo siguen haciendo en situaciones de soledad» en las residencias de mayores.
«Falta de autocrítica»
«¿No sería más apropiado que nuestros políticos se pararan a reflexionar intentando dar respuestas a tantas y tantas personas que viven estas situaciones? ¿Qué mensaje quieren enviar nuestros parlamentarios a los ancianos españoles aprobando ahora una ley de eutanasia?», se preguntan los médicos en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.
Estos profesionales, creen que el escenario de pandemia actual es «razón más que suficiente para reconsiderar la actual agenda legislativa» y cuestionan el tiempo han dedicado en el Congreso «a discutir acerca del fracaso del modelo socio-sanitario» y a «estudiar una reforma del modelo de las residencias de ancianos».
A su juicio, hay una «falta de autocrítica» en una clase política que «pretende aprobar a toda prisa una ley de eutanasia en pleno confinamiento», sin «la debida, oportuna, necesaria y obligada participación de los profesionales», y «secuestrando un debate social que hasta ahora siempre se había defendido como imprescindible».
Tal y como explican en el escrito, los firmantes del texto son profesionales que «ocupan o han ocupado puestos en organizaciones médicas», aunque lo firman «a título individual», opinando «con el aval de la experiencia profesional acumulada tras muchos años de haber atendido a miles de pacientes», así como con la «experiencia» de haber atendido «a personas a quienes el sufrimiento ha llevado a expresar su petición de acelerar la muerte y de acabar con el sufrimiento».
«Una herida social»
Sin embargo, destacan, los médicos firmantes comparten «la experiencia de que, tras prestar una atención paliativa de calidad la gran mayoría han revertido su petición, aceptando una muerte en paz y sin dolor, sin adelantar ni retrasar lo que es inevitable».
«Estamos convencidos, y por ello defendemos que, por supuesto, la medicina debe aliviar el sufrimiento con toda la energía posible, pero nunca debe causar ni provocar la muerte de manera intencionada», explican, antes de recordar que en España ya existe «el derecho del paciente a renunciar a un determinado tratamiento y el deber del médico de paliar el dolor y el sufrimiento, utilizando la sedación cuando está indicada».
«Entendemos que legalizar la eutanasia, como se pretende ahora, va a generar una herida social difícil de reparar, porque se traspasa una línea roja que, lejos de suponer un progreso social, lanza un mensaje que puede acabar chantajeando a los más vulnerables», concluyen.
Eutanasia y discapacidad
Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha llamado a los grupos políticos a que la ley reguladora de la eutanasia evite cualquier trato desigual o discriminación por razones o motivos de discapacidad.
Desde el organismo creen que la norma contiene aspectos para el colectivo con discapacidad, contrarios a los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a las recomendaciones efectuadas a España en 2019 por el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
A su juicio, la regulación legal de la eutanasia «no puede asociarse a personas o grupos sociales concretos, como el de las personas con discapacidad, ni directa ni indirectamente, ha de ser neutra y respetuosa con la diversidad social, pues si no es así compromete gravemente los derechos humanos de estos sectores y se aleja del principio de no discriminación».
Por ello hacen un llamamiento a los responsables políticos a retirar cualquier elemento de texto que suponga vulneración de los derechos de las personas con discapacidad y se atenga escrupulosamente al bloque de legalidad internacional sobre discapacidad que vincula a España.
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