El informe de la UNESCO del pasado 6 de abril, elaborado por el Comité Internacional de Bioética (CIB) y la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología (COMEST), señala la necesidad de establecer una preocupación por crear una noción de “inmunidad colectiva”, basada en conocimientos y prácticas de carácter científico y sólido.
¿Qué quiere decir esto? El propio informe lo aclara al señalar que las políticas sanitarias y sociales deben tener en cuenta las incertidumbres que existen durante una pandemia, especialmente cuando ésta es causada por un nuevo patógeno, y que deben guiarse por la ciencia. Y añade que las políticas que no se basan en conocimientos y prácticas de carácter científico y sólido no son éticas, ya que van en contra del esfuerzo por generar una respuesta común a la pandemia. La UNESCO pide que se priorice el conocimiento científico a la política o las ideologías.
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Suscríbete ahoraEl examen de la expansión de la COVID-19 en España demuestra hasta qué punto, desde el principio, se ha errado el tiro, y bajo la excusa del blindaje de la población frente a la amenaza, han primado otro tipo de intereses. ¿En qué pensaban nuestros responsables políticos cuando ya desde enero la OMS señaló la necesidad de prevenir la pandemia que se nos venía encima?
Lejos de atender esta necesidad y entablar una estrategia política ética que diera prioridad a la salud y la seguridad de las personas y de la sociedad, se trivializaron los riesgos y se autorizaron manifestaciones y concentraciones de miles de personas, con el denominador común de una irresponsable decisión cuyas consecuencias saltan a la vista.
Lo lógico hubiera sido que, tras las advertencias de la OMS, se hubieran suspendido las concentraciones de masas y se hubiera establecido un estado de vigilancia a los primeros brotes
Recordemos que ya el 31 de enero el coronavirus estaba en España. Sin embargo, lejos de mostrar una preocupación por procurar una inmunidad colectiva, se admitieron y alentaron actos multitudinarios, como la manifestación del 8 de marzo en Madrid, y otros eventos políticos, deportivos y sociales, y no se impusieron normas de prevención hasta el día 14 de marzo. Los resultados no se harían esperar.
Muchas de las personas que asistieron a estas concentraciones sufrieron las consecuencias una o dos semanas después, convirtiéndose además en focos de transmisión de la COVID-19 en su entorno familiar y social. A finales de marzo, Madrid encabezaba el número de personas infectadas, y los hospitales de la región se veían desbordados para atenderlas.
Lo lógico hubiera sido que, tras las advertencias de la OMS, se hubieran suspendido las concentraciones de masas y se hubiera establecido un estado de vigilancia a los primeros brotes. Tras ello, realizar los test de PCR a las personas afectadas y su entorno, procediendo al aislamiento en cuarentena y en su caso la atención sanitaria a quienes dieran positivo para evitar el contagio a otras personas. Recordemos que el lunes 16 de marzo, el director general de la OMS, Tedros A. Ghebreyesus, hizo un llamamiento a los países de no dejar de hacer «test, test, test» de COVID-19.
Hay otros dos puntos que requieren un análisis ético de la situación de la pandemia en España y en los que hace hincapié el informe de la UNESCO: la asignación de los recursos en el ámbito de la sanidad y la necesidad de un diálogo abierto entre políticos, científicos, bioéticos y juristas.
Respecto al primero, a la lentitud inicial en la aplicación de medidas de se une la deficiente asignación de recursos materiales, tanto para la población general, como para el personal sanitario que se habría de enfrentar en primera línea a la epidemia, en particular. Han tenido que pasar dos meses para que se empiecen a aplicar pruebas de PCR.
Es más, el Ministerio de Sanidad decidió que «no se realizará el test diagnósticode rutina a aquellas personas que presenten infección respiratoria aguda leve». Evidentemente esto incluía al personal sanitario, al que tampoco se dotó de los medios mínimos suficientes de protección, mascarillas, gafas, guantes, batas, etc. Lejos de cuidar a los cuidadores, estos han sufrido lo peor de la pandemia en precarias condiciones de equipamiento, con un resultado de más de 44.000 sanitarios afectados y 50 muertes.
La experiencia en España ha sido decepcionante, no por culpa del personal sanitario, sino por la deficiente gestión en la compra y aplicación de estos test y demás materiales para hacer frente a la pandemia
España encabeza la estadística mundial del mayor número de sanitarios contagiados, aunque paradójicamente está entre los países con el mayor número de pacientes curados, cerca del 60%. Este último dato demuestra la profesionalidad y el alto nivel de la sanidad en España. Dentro de un clima de desaciertos políticos, merece un apartado especial, en favor de los políticos que lo impulsaron, pero también de los médicos y voluntarios que lo atendieron, lo ocurrido en la Comunidad de Madrid, con el montaje en apenas 48 horas del hospital de IFEMA, así como en diversos hoteles de la región.
De vuelta a los test. Estos suponen una herramienta necesaria e inmediata para localizar a los afectados y en consecuencia atenderlos y/o aislarlos en cuarentena. La prueba de PCR u otras pruebas serológicas detectan directamente la presencia del virus al revelar en la sangre de los pacientes, componentes del genoma o de las proteínas virales. Estos test son importantes con carácter preventivo al principio de la infección, o ante los primeros síntomas. A ellos se unen los test de anticuerpos, que sirven para detectar la presencia de las inmunoglobulinas que se generan en las personas infectadas como reacción frente a los antígenos del virus.
Las inmunoglobulinas IgM al principio e IgG un poco más tarde, revelan la superación de la infección y por tanto una inmunidad por un tiempo previsible de meses o años. Si salen negativos, quiere decir que la persona no ha estado expuesta ni ha sido infectada, pero que debe tener cuidado en adelante para evitar el contagio. Es evidente que para saber a qué atenerse los test son la mejor herramienta, pues permiten saber quién está infectado y quien no, especialmente entre los asintomáticos, que son mayoría, y quién queda inmunizado. Este conocimiento hubiera evitado el confinamiento general, con todas las consecuencias económicas y sociales que conlleva. Si siempre es mejor prevenir que curar, la solución hubiera sido la realización masiva de test, y no el confinamiento generalizado.
La experiencia en España ha sido decepcionante, no por culpa del personal sanitario, sino por la deficiente gestión en la compra y aplicación de estos test y demás materiales para hacer frente a la pandemia. Lo cierto es que, al no haber test suficientes, muchas personas se están quedando sin saber si tuvieron o no la infección, y si, de haberla tenido están inmunizados. Esto es increíble en un país con una sanidad de primera línea mundial, cuyo prestigio conseguido por nuestros sanitarios a base de un esfuerzo de decenios, con éxitos notables en los trasplantes, donaciones de órganos, cardiología, oncología, oftalmología, etc., se ha visto deteriorado por la mala gestión de unos recursos que tan magníficos resultados hubieran dado para frenar la epidemia.
A esto se une el hecho de haber cerrado los centros de investigación, especialmente los de la investigación biomédica, con todo lo que supone el no poder utilizar los termocicladores que existen en muchos laboratorios de investigación con capacidad para hacer miles de análisis de PCR por personas de experiencia sobrada. Se ha desestimado el trabajo de muchos investigadores que podrían haber hecho un enorme servicio a la sociedad en un momento tan crítico como el de hacer frente al COVID-19.
El segundo tema de atención, de los que propone la Declaración de la UNESCO del 6 de abril se refiere a la necesidad de un diálogo abierto entre políticos, científicos, bioéticos y juristas. Lo dejo para una próxima ocasión, no sin antes hacer una serie de preguntas: ¿existe el diálogo abierto entre los políticos con el punto de mira en conseguir una inmunidad colectiva?, ¿se tiene en cuenta a los científicos e investigadores?, ¿sabemos quienes integran el comité de científicos que asesoran al Gobierno?, ¿hay en él personas independientes, científicos del campo de la virología, epidemiología, neumología, gestión hospitalaria…?, ¿hay siquiera mayoría de médicos?, ¿hay expertos en bioética?
La sorprendente ocultación de un comité de supuestos expertos que asesoran al Gobierno de España, la desatención a la seguridad del personal sanitario, la falta de test para todos y el cierre de los laboratorios de investigación biomédica en un momento como este, suscitan, con razón, todo tipo de recelos, ya que, como dice el documento de la UNESCO, las políticas que no se basan en conocimientos y prácticas de carácter científico y sólido no son éticas, ya que van en contra del esfuerzo por generar una respuesta común a la pandemia. Así, es difícil llegar a la inmunidad colectiva.
