El Senado de California aprobó el pasado mes de enero un proyecto de ley que exigiría que los colegios y universidades ofrecer medicamentos para abortar. La próxima la Asamblea del Estado tendrá que votar esta medida.
El proyecto de ley, impulsado por la senadora demócrata a favor del aborto Connie Leyva, obligaría que las universidades públicas y universidades comunitarias de California proporcionen medicamentos abortivos de hasta 10 semanas de embarazo en sus centros de salud.
Asimismo, requeriría que las escuelas financiadas por los contribuyentes cubran el gasto en sus planes de seguro de salud para estudiantes. Si se aprueba, el mandato entraría en vigor en 2020.
Leyva y otros activistas del aborto consideran que el proyecto de ley proporcionaría un mejor acceso al aborto para las mujeres jóvenes. Sin embargo, la investigación de Californians for Life descubrió que la distancia promedio entre una universidad pública de California y un centro abortista es de menos de 6 millas, según informa InfoCatólica.
En este sentido, la Oficina de Vida, Justicia y Paz de la Arquidiócesis Católica de Los Ángeles pidió a los partidarios provida a ponerse en contacto con los miembros de la Asamblea para intentar que voten en contra.
Los padre se oponen
Desde la arquidiócesis aseguran: «El 26% de los estudiantes son padres, pero pocos están informados de sus derechos o los recursos disponibles para ellos. Ofrecer un aborto en el campus alentará abortos no deseados para las mujeres jóvenes y coaccionará las elecciones reproductivas de los estudiantes que pueden sentir que no tienen otra opción».
E insisten: «Los padres de estudiantes quieren un mejor apoyo, como vivienda y cuidado infantil, no más abortos».
Por otro lado, desde las universidades han expuesto su preocupación, ya que los centros de salud dentro de los campus no ofrecen servicios de fin de semana ni de noche. Ni tampoco tienen el equipo para proporcionar abortos.
La impulsora de esta ley tampoco ha tenido en cuenta las múltiples complicaciones de los medicamentos abortivos en los que se incluyen sangrado excesivo, infección, aborto incompleto que requiere cirugía y muerte de la mujer.
De hecho, un informe de la Administración de Alimentos y Medicamentos de 2017 alertó que 22 mujeres murieron, más de 1.000 fueron hospitalizadas y casi 600 experimentaron una pérdida de sangre severa que requirió transfusiones después de tomar los medicamentos abortivos.
Destruir vidas humanas
Escribiendo para el Washington Examiner esta semana, Lila Rose, presidenta y fundadora de Live Action, aseguró que el proyecto de ley es lo opuesto al progreso. «Lo que realmente significa son problemas graves tanto para los estudiantes como para las universidades, sin mencionar la destrucción de más vidas humanas», detalló.
Y concluyó: «Va en contra de los propios ideales progresivos de California diciéndoles a las jóvenes que el precio de quedarse en la escuela es terminar con la vida de sus propios bebés. Esto es una reminiscencia de un momento oscuro en la historia de nuestro país, cuando los empleadores despedían a mujeres embarazadas a menos que abortaran».
Comentarios
Comentarios