El pleno de les Cortes Valencianas ha aprobado este jueves 14 de junio, con los votos a favor de PSPV, Compromís, Podemos y Cs y el rechazo del PP, la ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de atención al final de su vida, que tiene como objetivo regular el ejercicio de los derechos de la persona en esos momentos para garantizar el respeto a su dignidad y autonomía y velar por la calidad de su vida durante el proceso.
También establece los deberes que ha de cumplir el personal de las instituciones y centros sanitarios y sociales, tanto de titularidad pública como privada con el objetivo de «proteger, garantizar la dignidad de la persona en el proceso final de su vida y asegurar su autonomía, sus deseos y voluntad».
Así, la norma recoge el derecho a recibir cuidados paliativos integrales y a elegir el lugar donde recibirlos y a realizar la planificación anticipada de decisiones. Asimismo, se incluye que el personal médico debe velar para que el proceso de toma de decisiones y deseos expresados por la persona se respete dentro del marco legal, y que los centros sanitarios garanticen a la persona en situación de últimos días una habitación de uso individual.
Durante el debate parlamentario, el diputado de Cs Juan Córdoba ha destacado el «rigor y la seriedad» que se ha llevado a cabo por parte de todos los grupos durante la tramitación parlamentaria de esta norma «necesaria» porque «defiende la igualdad de todos los valencianos y también a la hora de morir, queremos una sociedad de libres e iguales desde el nacimiento y hasta la muerte».
«La mayoría de los derechos que se recogen en el proyecto de ley de la Generalitat, ya estaban contemplados en la ley de autonomía del paciente del año 2002»
«Pensamos que el fin máximo ley es conseguir el derecho a morir con dignidad evitando el mayor sufrimiento posible. La calidad de vida incluye también la enfermedad y la muerte para que sea en paz y con dignidad», ha dicho para insistir en que la ley garantiza cuidados paliativos «de calidad» para «aliviar cada síntoma de molestias insoportables para el paciente».
Autonomía del paciente
Daniel Geffner, de Podem, ha indicado que el objetivo es «conseguir un final de vida digno» y ha destacado que la norma «consolida la autonomía del paciente» ya que es él quien decide y «su suerte no depende del centro o profesional sanitario». «Es el enfermo el que toma las decisiones, asistido por personal sanitario», ha indicado.
Ha insistido en que defender la vida es defender «el derecho a morir con dignidad respetando su voluntad» y ha negado que pretenda «banalizar la muerte», sino que «el final de la vida sea con menor sufrimiento tanto para el paciente como para sus seres queridos».
Por su parte, la parlamentaria de Compromís, Isaura Navarro, ha incidido en que se trata de una ley «consensada, dialogada y demandada por la sociedad y profesionales» que aborda «cómo morimos» si «con dolor o en paz» y dando autonomía al paciente para decidirlo y que la muerte no dependa «de la sensibilidad de cada médico». Por ello, ha considerado que es «un buen» texto que da «garantías como es el acceso a curas paliativas» también en casa y «con la misma calidad asistencial».
Por parte del PSPV, Ignacio Subías ha reivindicado que se proporcionará a las personas «el menor dolor y angustia posible» porque, a su juicio, tratar el sufrimiento en situaciones extremas supone «dignificar este momento». Todo esto, ha dicho, «no puede depender de ónde viva cada uno ni de qué muera uno».
«Pese a mencionar en el texto legal el derecho que tienen los ciudadanos en recibir cuidados paliativos, al no dotar de presupuesto, queda sin hacerse una realidad»
Por tanto, ha remarcado que es una ley «oportuna, pertinente y necesaria» que establece los deberes de los sanitarios, las obligaciones de las instituciones y da seguridad al personal sanitario y asegura atención y acompañamiento al paciente. «Hemos de tener una vida con calidad y dignidad y hemos de tener la fase final de la vida con la misma calidad y dignidad», ha señalado.
PP: una ley sin presupuesto
No obstante, para María José Catalá, del PP, la norma recoge aspectos que ya se incluían en normativas anteriores y eran «suficientemente garantistas», por lo que ha tachado la iniciativa de «pancarta», al tiempo que ha criticado que no cuente con partida presupuestaria. «No entiendo cómo se puede paliar el sufrimiento con cero euros», ha puntualizado.
Sobre esto mismo ha incidido Carlos Álvarez, portavoz de Vida Digna, al ser preguntado por Actuall. «Pese a mencionar en el texto legal el derecho que tienen los ciudadanos en recibir cuidados paliativos -poder morir sin dolor físico y anímico-, al no dotar de presupuesto, queda sin hacerse una realidad».
En las Cortes, la diputada Català ha insistido en que es una norma que no mejora la vida de los valencianos porque es «una propaganda política de manual» dado que «no cuenta con presupuesto para garantizar las medidas». «En esta comunidad se muere bien porque hay grandes profesionales que han estado, están y estarán. Ustedes lo que quieren de verdad es despenalizar la eutanasia y el PP no lo va a consentir», ha enfatizado.
Por su parte, Carlos Álvarez, portavoz de Vida Digna ha manifestado a Actuall que esta ley es innecesaria porque «la mayoría de los derechos que se recogen en el proyecto de ley de la Generalitat, ya estaban contemplados en la ley de autonomía del paciente del año 2002, la cual tiene rango nacional y está por encima de la legislación autonómica. Los derechos que contempla el proyecto de ley de intimidad, consentimiento informado, voluntades previas, etc, ya están protegidos por la legislación en vigor. En este sentido, no aporta ninguna novedad».
«Es preciso señalar que al retirar los cuidados básicos de hidratación o nutrición, el paciente muere de hambre y de sed»
Sin embargo, esta ley sí que aporta algo más, con una carga negativa importante. «Esta propuesta de ley no diferencia entre retirar medidas de soporte vital y retirar cuidados básicos como hidratación o nutrición», ha manifestado el portavoz de Vida Digna. «Ésta es la cuestión clave y es el error, intencionado, en el que todas las leyes de muerte digna sucumben. Así establecen el derecho a su retirada, el cual ejerce presión en el profesional, pues sería sancionado por infracción grave por «obstaculizar el disfrute del derecho» de retirada de soporte vital. Es preciso señalar que al retirar los cuidados básicos de hidratación o nutrición, el paciente muere de hambre y de sed«, ha insistido.
«Asimismo, la sedación es convertida en un derecho del paciente en su artículo 14.2 cuando ya existe consenso en que siempre debe estar bien indicada por el médico para situaciones concretas, no a demanda del paciente, por lo que es generadora de conflicto y mala praxis. Dando lugar a la práctica de la eutanasia, la cual es delito en España», ha advertido Carlos Álvarez.
«La aprobación de esta ley no da más derechos a los valencianos ni les va a posibilitar morir mejor. Por el contrario, se abre una peligrosa puerta para que pacientes terminales o no puedan ser sedados o privados de los cuidados básicos, con o sin su consentimiento, pudiendo producirse eutanasias encubiertas», ha concluido el portavoz de Vida Digna.
Derecho a Vivir: Invertir en cuidados paliativos
“La prioridad de las comunidades autónomas en relación con el final de la vida debe ser la inversión en cuidados paliativos”. Así ha reaccionado la portavoz de la plataforma Derecho a Vivir, Gádor Joya, a la noticia de la aprobación este jueves de la ley valenciana de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de atención al final de la vida.
La doctora Joya ha explicado también que “la mención al derecho a la sedación terminal es ambigua porque no se especifica que esa sedación sólo debe aplicarse de acuerdo con la buena práctica médica o lex artix”.
Por otra parte, la plataforma valora positivamente algunos aspectos de la ley como el derecho a los cuidados paliativos y al acompañamiento y respeto a las necesidades espirituales de los pacientes. No obstante, la doctora Joya cree que gobiernos autonómicos como el de la Comunidad Valenciana promueven “leyes redundantes” sobre aspectos que ya están regulados. “En cambio”, concluye, “lo que sí está al alcance de las comunidades autónomas es dedicar su presupuesto a crear unidades de cuidados paliativos y a dotarlas de recursos humanos y técnicos suficientes para atender a las personas al final de su vida”.
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