La eurodiputada de Vox Margarita de la Pisa ha sido el motor de una propuesta del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) en el Parlamento Europeo para que la mesa de la cámara suspenda la tramitación del informe Sobre la situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la Unión, en el marco de la salud de las mujeres elaborado por el eurodiputado socialista croata Predrag Fred Matić.
Este documento fue aprobado recientemente por la la comisión FEMM (de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género) y está prevista su votación para el próximo 23 de junio. El el copresidente del Grupo ECR, el polaco Ryszard Legutko, se ha dirigido al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, para que impida la votación del texto al considerar que se invaden competencias nacionales y se entrometen en materia de sanidad y educación.
En concreto, la iniciativa impulsada por Vox a través de su grupo parlamentario europeo, reclama que la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo determine si el informe puede ser ilegal y vulnerar los Tratados de la Unión, más allá de que sea considerado como «aberración jurídica y humana» y «un ataque a la vida humana y a los valores occidentales».
Según ha podido saber Actuall, si se llegara a votar el informe, será imprescindible el papel que desempeñen los eurodiputados del Partido Popular Europeo, muy en especial los alemanes y franceses, por su alta representación.
El aborto como derecho humano
El Informe Matić pretende que el Parlamento Europeo apruebe una resolución en la que se contemple el aborto (la muerte provocada de un ser humano durante su vida prenatal) como un «derecho humano».
El informe no sólo critica cualquier legislación que limite de alguna forma el aborto, sino que las considera como «una violación de los derechos humanos y una forma de violencia de género».
El informe Matić sostiene por otro lado que prácticas como el aborto «están reconocidas como derechos humanos en el Derecho Internacional y europeo y su vulneración constituye una violación de los derechos humanos».
Sin emabrgo, «no existe un derecho internacional al aborto, ni obligación internacional alguna por parte de los Estados de financiarlo o facilitarlo, de conformidad con el consenso internacional de amplia raigambre, según el cual cada nación tiene el derecho soberano de implementar programas y actividades de acuerdo con sus leyes y políticas» como ha recordado recientemente la directora ejecutiva de la Political Network for Values, Lola Velarde en una carta dirigida a los miembros de la comisión FEMM.
El informe pretende extender además el adoctrinamiento en las escuelas para la promoción del aborto o el uso de anticonceptivos y ataca la posibilidad del ejercicio de la objeción de conciencia por parte del personal médico. «Uno de los obstáculos más problemáticos es la denegación de la atención médica fundamentada en las creencias personales, principio en virtud del cual los profesionales sanitarios a menudo se abstienen de practicar aborto apellando a sus convicciones», asegura.
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