El Grupo Parlamentario de Vox en el Senado ha presentado un veto a la proposición de Ley Orgánica de Regulación de la eutanasia y ha anunciado que, de aprobarse la ley que regula el suicidio asistido, la formación de Abascal la recurrirá ante el Tribunal Constitucional porque «no evita el dolor y el sufrimiento».
En rueda de prensa desde el Salón de Pasos Perdidos, el senador de Vox José Manuel Marín Gascón, ha señalado que «la eutanasia es el fracaso del sistema sanitario que no puede ofrecer otra alternativa a los problemas de salud graves del paciente, salvo la muerte».
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Suscríbete ahoraHa criticado que este Gobierno ha aprovechado la «grave situación de pandemia» para aprobar esta ley el pasado 17 de diciembre «de forma apresurada, sin debate social y sin diálogo con los medios» y que próximamente iniciará su tramitación en el Senado.
«¿Quién va a destinar ahora recursos a los cuidados paliativos o a investigar enfermedades como el alzheimer si al final lo que vamos a hacer es ir matando a los pacientes?», ha preguntado Marín, al tiempo que ha asegurado quelos partidarios de la ley consideran la eutanasia como «una forma de ahorrar».
Además, ha insistido que, en vez de potenciar las unidades de cuidados paliativos, lo que el Ejecutivo quiere hacer con esta norma es «matar a los pacientes que están en una situación de deterioro avanzado» cuando los cuidados paliativos «están reconocidos en el contexto del derecho humano de la salud», ha asegurado.
Por su parte, la diputada Lourdes Méndez Monasterio, quien fue la encargada de defender la posición de Vox ante esta ley en el Congreso de los Diputados, ha intervenido en la presentación del veto para remarcar que lo que se trae a la Cámara Alta es una ley «inicua, inconstitucional, eugenésica, ilegítima».
Según ha argumentado, el Gobierno ha hurtado todos los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, del Comité Nacional de Bioética, del Consejo de Estado, del Ministerio Fiscal «para que cuando Vox lo recurra ante el TC, cosa que hará en el momento que se apruebe, no existan esos informes que dicen que esta ley vulnera diversos derechos constitucionales».
La diputada ha insistido en que esta proposición «es el mayor ataque que en mucho tiempo se ha provocado a las personas con discapacidad» porque, según ha remarcado, se ha aprobado una ley sin que se haya aprobado una ley de cuidados paliativos, ha enfatizado.
«Nosotros defendemos el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. No es cierto que esta ley vaya a evitar el dolor y el sufrimiento», ha concluido.
